Ante los reclamos de ciudadanos y ciudadanas de diversas partes del país, respecto a la explotación de recursos naturales en zonas cercanas a su hábitat, como es el caso de Tambogrande en Piura, Cajamarca y Cerro Verde en Arequipa, el Partido Político Constructores Perú manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

1. INVERSION PRIVADA: La inversión privada en el aprovechamiento de recursos naturales genera posibilidades de desarrollo nacional y, en un contexto en el que el Estado peruano requiere de recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de diversos sectores de la población, se convierte en una necesidad imperiosa. En tal sentido, no puede rechazarse de plano la participación de inversionistas privados en actividades extractivas de recursos naturales.
Ante ello, el Estado peruano debe garantizar que se cumplan ciertos requisitos y condiciones mínimas, para que el aprovechamiento de los recursos se realice en beneficio de todos los ciudadanos y para la seguridad de los propios inversionistas.

2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: El Estado no ha asumido de manera efectiva su deber de protección de la vida, salud y seguridad de la población de aquellos lugares en los que se realizan actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales. La protección de estos derechos constituye un deber primordial del Estado establecido expresamente en nuestra Constitución Política [1], considerando además la grave afectación del medio ambiente que producen este tipo de actividades.
En tal sentido, el Estado no debe esperar a que los ciudadanos reclamen por sus derechos o realicen actos para cumplir con sus deberes primordiales, como hasta ahora ha venido sucediendo, sino que debe tener una actitud proactiva:
(i) Mejorando la educación y atendiendo eficientemente los problemas de salud de la población, pues él es el primer responsable en la mejora de los servicios y necesidades básicos.
(ii) Potenciando actividades de control y fiscalización antes, durante y luego de realizadas las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, y sancionando severamente a los particulares que infrinjan la normatividad vigente.

3. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA: Exigimos que el Estado ponga en práctica mecanismos de diálogo previos a la explotación de nuestros recursos entre la población potencialmente afectada por estas actividades y los inversionistas, con la finalidad de informar adecuadamente a la población, canalizar y atender sus inquietudes y propuestas, llegar a acuerdos y crear las relaciones de confianza necesarias que permitan una convivencia pacífica y armónica entre la población y la empresa privada. Lamentablemente esto no ha venido ocurriendo en muchos casos, y un ejemplo de ello es la autorización otorgada por el Estado para que Minera Yanacocha realice actividades de exploración en el Cerro Quillish.

4. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS GENERADOS: Deben replantearse las políticas aplicadas hasta la fecha para que la distribución de los recursos provenientes de las actividades extractivas de recursos naturales (en especial de la minería e hidrocarburos) beneficien en mayor medida a las ciudades en las que se realizan tales actividades. En tal sentido, proponemos que en dicha distribución se privilegie a los ciudadanos de los departamentos más pobres del Perú, donde paradójicamente se realizan algunos de los más importantes proyectos de inversión minera, como por ejemplo Huancavelica (segundo departamento más pobre del Perú) y Cajamarca.

5. RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA: El Estado no ha cumplido con sus deberes constitucionales de promoción del uso sostenible de los recursos naturales y de la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas [2]. En tal sentido, exhortamos al Estado para que regule un verdadero sistema de gestión ambiental y de ordenamiento territorial en el que se obligue a la realización de estudios hidrológicos y de evaluación del impacto que las actividades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales producen en el medio ambiente, en las costumbres de la población y su economía local.

6. LA INVERSIÓN MINERA COMO ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL PAÍS: La minería es una actividad que ha generado importantes recursos económicos para el país y debería seguir desarrollándose; sin embargo, por su alto impacto en la depredación de recursos naturales renovables y no renovables, y en la vida de las poblaciones cercanas es necesario que:
(i) El Estado debe replantear la participación de la minería y de las otras actividades económicas extractivas de recursos naturales en el modelo de desarrollo económico del país. Creemos que ello debe realizarse en el marco de un debate nacional en el que se analicen con una visión de largo plazo (20 o 30 años) las políticas de fomento de la inversión privada a aplicarse en nuestro país, los límites y las posibilidades de su actuación.
(ii) El Gobierno central, los gobiernos regionales y locales, deben poner en práctica políticas que, implementadas con imprescindible respeto a los ciudadanos de cada ámbito territorial, contribuyan con un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población.

Sólo así la democracia y el desarrollo pasarán de los discursos a la vivencia cotidiana de nuestros pueblos, tarea en la que Constructores se encuentra comprometido.

Perú, octubre de 2004

PARTIDO POLÍTICO CONSTRUCTORES PERÚ
Comisión Ejecutivo Nacional

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[1] Constitución Política del Perú, Artículo 44° .- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo equilibrado de la Nación.

[2] Artículos 67° y 68° de la Constitución Política del Perú.